Tengo sentimientos encontrados en cuanto a la Ley Nacional de Cultura aprobada el pasado 11 de agosto. No soy la única que se siente así. Entre los colegas que trabajamos en el área cultural de este país no he visto reacciones de júbilo. Más bien, las reacciones han sido de indiferencia, escepticismo, cautela, decepción y hasta rabia.

Dicha decepción es comprensible. Los gremios culturales y académicos de este país fuimos convocados en varias ocasiones por la Secretaría Nacional de Arte y Cultura del FMLN para discutir y analizar el anteproyecto de ley. Recuerdo la alegría contenida que teníamos los presentes en alguna de esas primeras reuniones, realizada en un hotel de la ciudad. Nos ilusionamos de nuevo con la idea de que en este país la cultura pudiera tomar un papel más predominante y que no siguiera siendo vista como un hobby de fin de semana o como la cápsula de entretenimiento en los eventos nacionales.

También es comprensible que haya enojo y frustración. De los 281 artículos contenidos en la propuesta, sólo 108 fueron aprobados. Algunos de los artículos no aprobados incluían antiguas demandas del gremio, como la seguridad social para los artistas y trabajadores culturales, cuya gran mayoría trabajamos de manera independiente y vivimos a salto de mata, sin un ingreso económico fijo y sin ahorro de pensión.

Pero hay que admitir que es emocionante reconocer que algunas de las ideas surgidas en esas discusiones están incluidas entre lo aprobado, como el Fondo Nacional Concursable para la Cultura y el Arte (FONCCA) y su fideicomiso inicial de un millón de dólares.

Hay que reconocer la diligente labor de la doctora Breni Cuenca y de todo su equipo, quienes trabajaron durante años para poder culminar este proceso. La doctora Cuenca, indiscutible gestora de la ley, mantuvo el motor del entusiasmo siempre encendido para que el asunto no muriera ni se estancara. Me atrevo incluso a decir que fue rápido, si tomamos en cuenta que hay otras propuestas, como la Ley del Agua, que pasan trabadas durante años en la Asamblea.

Las propuestas que fueron hechas y que no pasaron la aprobación, como el asunto del seguro y la pensión para los artistas, la creación de una Cineteca Nacional y varios temas relacionados con el Patrimonio Intangible de nuestro país, entre otras, no pueden ser descartadas ni olvidadas. Que la Asamblea Legislativa no las haya aprobado no significa que no son viables, necesarias o que jamás se podrán realizar.

Tampoco olvidemos que los 108 artículos aprobados son parte de lo que fue discutido. Por lo tanto, esos 108 artículos también son importantes y necesarios, y hay que velar por su cumplimiento. Quienes trabajamos en el gremio cultural tenemos que informarnos y conocer la versión aprobada de la ley, velar por su ejecución, pero sobre todo, impedir que quede en el olvido. Para eso, la ciudadanía necesita acceso a la información, para conocer su contenido y exigir su cumplimiento.

Un ejemplo: busqué la versión electrónica de la ley aprobada en la página web de la Asamblea Legislativa. No encontré el texto, solamente una mención sobre ella y la fecha de aprobación. Sería recomendable que la Asamblea Legislativa actualizara su página web y que ahorrara un poco en la compra de flores. El ahorrito podría invertirse en imprimir folletos sencillos, con el texto de la ley aprobada, y distribuirlos de manera gratuita. Porque más importante que poner arreglos florales en el legislativo debería ser poner las leyes en las manos de los ciudadanos, para que las conozcamos y podamos exigir su cumplimiento.

La modesta reacción a la aprobación de la Ley de Cultura se debe también a un sentimiento general de cansancio y desgaste. Muchos intentamos durante años, sin mayores resultados, concretar proyectos a través de la gestión estatal de cultura, encontrando indiferencia, funcionarios arrogantes y desmotivadores, burocracia absurda o la clásica excusa de la falta de presupuesto. Sin embargo, esa circunstancia negativa ha tenido un fruto interesante: el surgimiento de numerosos colectivos e individuos que, de manera independiente, están impulsando sus propuestas y construyendo una dinámica fresca desde espacios alternativos, que es en mi opinión donde está ocurriendo lo más interesante en el quehacer cultural actual.

Los sentimientos encontrados sobre la aprobación de esta ley no deberían hacernos perder de vista el objetivo real, que no se limita a una ley de cultura ni a la creación de un ministerio. La ley es importante, claro que sí, pero no es lo único que se necesita ni es una solución mágica. Porque los problemas de cultura de este país trascienden lo estructural y están embebidos en el imaginario colectivo.

A pesar de todo, hay que admitir que es un avance que por fin en el país exista una Ley de Cultura. No es la mejor ley ni tampoco la ley que queríamos. Pero es un paso importante en un proceso que debe continuar. Esa ley necesita ahora de un reglamento que permita su operatividad. Su implementación representará todo tipo de retos y hace imperativa la creación del Ministerio de Cultura, porque sin éste, la ley carecerá del cuerpo y de la institucionalidad necesaria para hacerse cumplir.

No se puede fingir falso optimismo ante una ley que dejó por fuera varios puntos trascendentales para el quehacer cultural nacional. Queda claro que es una ley que nace reducida a su mínima expresión y que deberá ser ampliada, complementada y mejorada pronto. En este país, ese “pronto” puede significar años de espera. Pero no hay que olvidar que las leyes no están escritas en piedra. Toca a la ciudadanía y a los trabajadores culturales presionar de manera permanente para mejorar y modernizar la versión aprobada.

Al final, es importante no perder de vista el verdadero objetivo de todo esto: lograr un cambio de mentalidad que permita la valoración y dignificación del trabajo cultural, artístico e intelectual de este país. Una ley, un ministerio son instrumentos importantes para lograrlo, pero no son los únicos ni los últimos pasos que hay que tomar.

(Publicado en revista Séptimo Sentido, La Prensa Gráfica, domingo 28 de agosto 2016. Foto de portadilla: parte de los documentos iniciales para la discusión de la ley).