“A mi hermano lo mataron en Zaragoza en 1987”, dijo la mujer. La escuchábamos un hombre que estaba sentado en la cuneta, dos policías y yo. Estábamos en una de las varias protestas que han ocurrido frente al Arzobispado de San Salvador, desde que se diera a conocer la disolución de Tutela Legal el pasado 30 de septiembre.

La mujer estaba tan curtida por el paso del tiempo y las dificultades, que me fue imposible calcular su edad. Tendría más de 60 años, aunque no me sorprendería que fuera menor.

Su hermano había sido guerrillero. En algún momento se retiró y volvió a su hogar, sobre todo para tranquilizar a su madre, quien sufría mucho ante la incertidumbre del destino de su hijo. Por algún motivo que no detalló, el hombre tuvo que irse a un refugio. Allí llegó el ejército a capturar gente, entre ellos a su hermano, que jamás regresó.

La mujer se dio a la tarea, por demás peligrosa en aquel tiempo, de averiguar su paradero. Logró descubrir no sólo que a su hermano lo habían torturado y matado, sino los nombres de los responsables. Lo que nunca descubrió fue dónde quedó el cadáver.

Cuando se enteró del cierre de Tutela Legal, esta mujer fue hasta el Arzobispado. Estaba preocupada por el destino del expediente de su caso.

Los policías que escuchaban el relato eran jóvenes. Calculo que nacieron a inicios de los 80. Uno de ellos le preguntó a la mujer qué era lo que quería, por qué estaba allí, manifestándose. La mujer dijo que no quería dinero ni indemnización alguna por parte de nadie. Lo que quería era recuperar el expediente del caso de su hermano y localizar a los culpables, no para cobrar venganza, sino para que le dijeran dónde está enterrado su hermano.

Decía la mujer que era por lo que había estado luchando desde que se lo llevaron. Porque no soportaba el dolor de su madre. Porque no tenían ni dónde ir a ponerle flores. Que necesitaban enterrarlo decentemente porque “no fue un chucho lo que mataron, fue una persona”.

“Quiero poder decirle a mi mamá dónde está enterrado su hijo, eso es lo único que pido. Poder darle esa tranquilidad a mi mamá antes de que se muera”, dijo la mujer.

El sol del mediodía era fuerte. Nos quedamos callados. Miré hacia el edificio del Arzobispado, hacia su muro, hacia el portón negro cerrado. Toda una fortaleza impenetrable.

Adentro están los expedientes de más de cincuenta mil casos que la población denunció a la oficina de Tutela Legal, el único lugar donde fueron escuchados y donde cultivaron la esperanza de encontrar justicia. El único lugar donde se atrevieron a hablar con confianza, porque hacerlo en otros lugares era arriesgado o porque incluso se negaban a recibir sus denuncias.

Más de cincuenta mil expedientes, con miles de historias dolorosas, de antes, durante y después de la guerra. Expedientes cuyo valor trasciende lo meramente legal y jurídico y que se han convertido en uno de los más importantes y valiosos registros de nuestra historia reciente.

En esos expedientes (que contienen no sólo papeles, sino también fotografías, audio y video), está registrada buena parte de la verdad de nuestra historia nacional. Y eso, en un país donde la historia oficial ha sido borrada y manipulada según antojo desde la llegada de Cristóbal Colón, resulta ser no sólo de un valor documental extraordinario sino un motivo de preocupación para quienes desean continuar adormeciendo la conciencia nacional.

El caso de la mujer que perdió a su hermano es uno de tantos. Pero me pareció emblemático por su petición: sólo pide saber dónde está enterrado el hermano. Y es emblemático porque ya se ha convertido en un estribillo desgastado y vacío aquello de que “no hay que reabrir las heridas del pasado” porque de hacerlo, se desataría un caos social.

No nos sigamos engañando. Las heridas no están cerradas. Nunca lo estuvieron. Porque la gente no ha olvidado a sus familiares asesinados, torturados o desaparecidos. Porque no han hecho cierre sobre sus tragedias personales. Porque siguen buscando respuestas. Esas heridas se lograrán cerrar con el conocimiento de la verdad y con la impartición de justicia. Mientras no se logre eso, este país seguirá penando.

También seamos realistas: no habrá venganzas incontrolables si conocemos los nombres de los asesinos. De hecho, ya se conocen los nombres de muchos de los asesinos. Y estos viven su vida con toda tranquilidad. Nadie ha ido a quemar sus casas. Nadie ha ido a cobrar venganza. Y tampoco se hará.

Doce años de guerra dejaron agotadas las fuerzas emocionales, psicológicas y hasta políticas de nuestro país. Que la sociedad salvadoreña vuelva a alzarse en armas en contra del sistema imperante será un asunto que tomará muchísimos años, si acaso logramos salir alguna vez del estado de estupidez colectiva con el que nos tienen adormecidos, vendiéndonos espejitos, o mejor dicho, celulares, ropa de marca, hamburguesas y centros comerciales. Nos han hecho creer que eso es lo que hace de El Salvador “un país moderno”. Y mucha gente se lo traga.

Este país ha vivido episodios terribles de su historia sumido siempre en el silencio y el miedo. Pero el dolor vivido sólo puede reivindicarse cuando es compartido y dado a conocer. Eso sirve para que no vuelva a ocurrir. Para que nadie vuelva a doler. Sólo entonces el dolor vivido cobra algún sentido.

El conocimiento de la verdad es un consuelo minúsculo ante tanto sufrimiento, un sufrimiento que muchos cargarán hasta el día de su muerte. Pero es imprescindible conocer la verdad, no sólo para evitar cometer los mismos errores, sino para transformar de manera profunda a esta sociedad enferma que necesita, con carácter de urgencia, despertar de su mansedumbre y construir por fin una verdadera nación, con igualdad de condiciones para todos.

Esa es la importancia de los archivos de Tutela Legal. Ese es el miedo que despiertan esos cincuenta mil archivos.

(Publicado en revista Séptimo Sentido, La Prensa Gráfica, domingo 20 de octubre, 2013).